Presidente Carlos Alvarado pide a la Sala Constitucional que elimine las pensiones de lujo
Se trata de exfuncionarios -algunos de ellos judiciales- que reciben mensualmente y con cargo al Presupuesto Nacional más de 4 millones de colones.
El presidente Carlos Alvarado acudió este jueves a la Sala Constitucional para solicitar que se eliminen las pensiones de lujo, a raíz de un recurso de amparo interpuesto en el 2014 contra el tope que se estaba aplicando a unos 500 de estos millonarios ingresos.
Se trata de exfuncionarios -algunos de ellos judiciales- que reciben mensualmente y con cargo al Presupuesto Nacional más de 4 millones de colones.
Alvarado acudió a la Sala acompañado por el ministro de Trabajo, Steven Núñez, y la jerarca de Hacienda, María del Rocío Aguilar.
"En un régimen de seguridad social con recursos limitados, como el nuestro, es imperativo garantizar a toda persona un ingreso digno. La pensión busca asegurar una vida digna a las personas adultas mayores. No buscan el enriquecimiento de unos en detrimento de la mayoría.
"Si bien son regímenes de pensiones distintos los que tiene el país, la sociedad sigue siendo solo una y no podemos olvidar que este régimen de pensiones coexiste en la sociedad con el de la CCSS, que tiene como tope la de un millón quinientos setenta mil colones y como base mínima ciento treinta y tres mil.
"Al mismo tiempo que existe el Régimen de Pensiones no Contributiva, el principal programa de combate a la pobreza del Estado, como lo han determinado los estudios y que como tal otorga una pensión a adultos mayores de setenta y ocho mil colones al mes", expuso el mandatario ante los magistrados que conforman la Sala.
El mandatario recordó que en agosto del 2014 el entonces ministro de Trabajo, Víctor Morales, emitió una directriz para aplicar a plenitud el tope a los regímenes contributivos de pensiones con cargo al Presupuesto Nacional.
Esa norma habilita aplicar una reducción en las pensiones de lujo, ordenando como tope la suma resultante de 10 veces el salario base más bajo pagado en la Administración Pública.
"Lo que está en juego también aquí es la confianza de la ciudadanía costarricense en sus instituciones, porque este un tema que ha generado la molestia generalizada en nuestra propia institucionalidad por la injusticia que representa.
"Pero también esta es una gran oportunidad para toda nuestra sociedad no solo para hacer lo legal sino a la vez hacer lo correcto y devolver la confianza a la ciudadanía a nuestras instituciones", indicó Alvarado en su exposición.