Grave crisis fiscal dificulta posibilidades de modernizar colapsado sistema vial de Costa Rica

Costa Rica registra un faltante en sus ingresos que supera el 6% del Producto Interno Bruto; es decir, $3.600 millones.

A esto se debe sumar una deuda a nivel de Gobierno Central cercana a los $30.000 millones.

Esta situación se traduce, entre otras consecuencias, en bajos niveles históricos de inversión anual en infraestructura para el transporte.

Actualmente, el promedio de inversión es de apenas el 1% del Producto Interno Bruto y se estima que ese monto debería ser al menos 2 veces más para alcanzar los $1.800 millones por año.

Con ese panorama se mira complicado el financiamiento de proyectos que el país necesita desde hace décadas como, por ejemplo, San José - San Ramón, valorado en $650 millones, San José – Cartago por $350 millones, la carretera a San Carlos que requiere $300 millones o la ampliación San José – Caldera estimada en $500 millones.

Es aquí donde surge la pregunta de ¿cómo atender el rezago en infraestructura ante la realidad fiscal del país?

La participación del sector privado por medio de la concesión permite canalizar recursos, sin embargo, alguien debe pagar finalmente por la infraestructura.

En el caso de cobro sobre los usuarios el pago es normalmente cuestionado, al saber que existen impuestos específicos para tal fin  como aquellos sobre combustibles y propiedad de vehículos.

Lo cierto es que esos recursos son insuficientes y las debilidades en mantenimiento reducen la disposición del usuario a pagar en aquellos proyectos que ya se encuentran en operación.

Es aquí donde se considera la incorporación de un modelo ya existente en otras latitudes denominado Aprovechamiento de Activos.

Esto consiste en ceder un bien público existente como una carretera, derecho de vía o lote donde un ente privado asume la responsabilidad de operación y mantenimiento.

A diferencia de la concesión tradicional, este modelo genera recursos para nuevos proyectos que incluso deben desarrollarse en las comunidades de influencia de proyecto cedido.

Cañas – Liberia, la ruta 32 a futuro así como Cartago – San José o la ruta a San Carlos pueden entrar en ese modelo de gestión.

Por ejemplo, Cañas – Liberia, cuya inversión inicial rondó los $200 millones, bajo un modelo de reciclaje de activos podría generar hasta $230 millones para nuevos proyectos en Guanacaste y más de $100 millones de ahorro en gastos de mantenimiento y gestión, según estimación de expertos.