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El Tribunal Supremo de Elecciones investigará la posible existencia de una estructura paralela que financió la campaña del excandidato Fabricio Alvarado.

La confirmación ocurre luego de la denuncia del diputado y presidente de Restauración Nacional, Carlos Avendaño.

Fabricio Alvarado niega responsabilidad alguna en los cobros que por 300 millones de colones hacen proveedores a ese partido tras la segunda ronda realizada el primero de abril anterior.

La empresa Crescendo del cantante Luis Alonso Naranjo cobra 115 millones de colones por la producción de videos.

La casa encuestadora Opol solicita el pago de 18 millones de colones.

Y más recientemente, la compañía One Sport Costa Rica, propiedad de Juan Carlos Campos, exjefe de campaña de Fabricio Alvarado, exige el pago de 300 mil dólares.

Este último cobro se da pese a que Campos en entrevista al diario La Nación en marzo anterior afirmo que trabaja ad honorem y lo hacía por sus tres hijas.

Telenoticias intentó conversar con el empresario para saber la razón del cambio de posición, pero fue imposible ubicarlo, pese a que se le dejaron mensajes e incluso este martes por la tarde se le buscó en las oficinas de su empresa.

A raíz de esos cobros, el presidente de Restauración Nacional, el diputado Carlos Avendaño es quien solicita la intervención del Tribunal Supremo de Elecciones.

Él afirma que mal haría su partido en pagar dineros que no están respaldados por un contrato.

Avendaño insinúa la existencia de una estructura paralela que dio el visto bueno para la prestación de los servicios sin cumplir con el protocolo establecido por la agrupación.

Ante esta afirmación el excandidato presidencial, Fabricio Alvarado reacciona.

Afirma que durante la campaña se enfocó en ser el candidato de Restauración Nacional y no se involucró en la toma decisiones para la adquisición de servicios.

Alvarado además señala que mientras el caso esté en manos del Tribunal Supremo de Elecciones no se referirá más al tema.

Por su parte el TSE confirma que investigará, ya que existe la posibilidad de violaciones a los artículos 274, 275 y 276 del código electoral.

El primero de ellos en su inciso "E" pena con hasta 4 años de cárcel a quien contribuya, done o entregue cualquier otro tipo de aporte, en dinero o en especie, a favor de un partido político por medio de terceras personas, grupos u organizaciones paralelas o mediante la utilización de mecanismos de gestión o recaudación que no estén previamente autorizados por el comité ejecutivo superior del partido.

El artículo 275 en su inciso "B" castiga hasta con 6 años de cárcel a los miembros del comité ejecutivo superior del partido, candidatos, precandidatos oficializados por los partidos políticos, responsables de las campañas electorales o cualquier otro personero del partido que reciba contribuciones, donaciones o cualquier otro tipo de aporte valiéndose de una estructura paralela para evadir el control del partido político.

Por último, el artículo 276 en su inciso "A" castiga hasta con 4 años de cárcel al tesorero o a la persona autorizada por el partido político para administrar los fondos partidarios, que reciba, directa o indirectamente, contribuciones, donaciones, préstamos o aportes, en dinero o en especie, en contravención a lo dispuesto en esta ley, sean estos provenientes de personas jurídicas, extranjeros, depositados en cuenta bancaria en el extranjero o realizados mediante estructuras paralelas.

Los hechos más recientes se suman a la investigación de donaciones recibidas por Restauración Nacional para el traslado aéreo en helicópteros del entonces candidato Fabricio Alvarado durante la campaña de segunda ronda.

Por la cantidad de votos recibidos en las pasadas elección, Restauración Nacional tiene derecho a más de 5.940 millones de colones de los cuales para el pago de campaña utilizará 2.376 siempre y cuando estén bien documentos.