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La mesa de diálogo que existía entre los sindicatos y la empresa Alunasa se rompió este miércoles luego de que ambas partes no llegaran a un acuerdo sobre la reintegración de los empleados cesados.

Así lo comunicó la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP) y el propio Ministerio de Trabajo, que hasta hoy había servido como mediador en la discusión.

La intención de la ANEP era que se reintegrara al 100% de los trabajadores cesados hace casi siete semanas, sin embargo, la empresa insiste en dejar fuera a 35 empleados, 34 de los cuales se afiliaron al sindicato luego de sus despidos.

“Esto es inaceptable para una organización como la nuestra, defensora de los derechos laborales. Son prácticas antisindicales, inauditas en una empresa que pertenece a un gobierno el cual defiende en su filosofía los derechos de la clase trabajadora y cuyo presidente viene del movimiento sindical”, aseguró enérgico el secretario general de la ANEP, Albino Vargas.

Vargas aseguró que alertará de inmediato a la ministra de la Mujer, Patricia Mora, para que “intervenga de facto por las mujeres afectadas” y a la canciller Epsy Campbell para que se comunique con su homólogo venezolana y así “haya un respeto pleno de la legislación de nuestro país”.

El Ministerio de Trabajo, por su parte, lamentó la ruptura del diálogo entre las partes y aseguró que las puertas de la institución seguirán abiertas para sindicalistas y empresarios.

“Lamentamos muchísimo el hecho de que se rompieran las conversaciones entre las partes. Habíamos tenido avances importantes en la negociación, pero el día de hoy no fue posible conseguir los acuerdos necesarios para continuar el proceso de diálogo”, expresó el Ministro de Trabajo, Steven Núñez Rímola.

Rímola añadió que el ministerio “dará la atención requerida por las personas trabajadoras que requieran la asesoría de la Dirección Nacional de Inspección o de la Dirección de Asuntos Laborales para efectos de denuncias o cálculo de cesantías, respectivamente”.

Alunasa detuvo sus operaciones en marzo anterior y dejó cesantes a más de 300 trabajadores luego de que la crisis en Venezuela empezar a complicar el envío de la materia prima a la planta de aluminio ubicada en Esparza de Puntarenas.

La intervención del Ministerio de Trabajo y los sindicatos consiguió que la empresa decidiera reanudar sus operaciones en el país, pero ahora la intención de la compañía es reducir su planilla.