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Siete meses después de que su nombre apareciera en el complejo entramado del cemento chino, la Fiscalía de la República finalmente tocó este miércoles a la puerta de Celso Gamboa.

El magistrado destituido de la Sala Tercera sumó esta mañana un allanamiento a su meteórico destierro del Poder Judicial.

La intención de las autoridades es buscar prueba que permita respaldar las acusaciones de tráfico de influencias que los diputados del Partido Acción Ciudadana (PAC), Marco Vinicio Redondo y Marcela Guerrero, realizaron el pasado 10 de abril en su contra.

Ambos denunciaron en el Plenario que Gamboa se puso en contacto con ellos (el 9 de abril) para pedirles "que no se presente" (a la votación) o "se enferme", según expresaron ambos legisladores.

La noticia es el último episodio de la caída en desgracia de Gamboa, cuya larga carrera inició el pasado 10 de febrero de 2016 cuando el entonces fiscal adjunto del Ministerio Público y exministro de Justicia fue nombrado por los diputados como nuevo magistrado de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia.

Gamboa, entonces con 38 años de edad, fue elegido por 43 de 52 diputados presentes en aquella sesión, e iniciaba así una travesía que algunos han dicho tenía como objetivo la presidencia de la República.

Sin embargo, sus aspiraciones chocaron contra un muro construido con favores y cemento importado.

Caída

El 12 de setiembre de ese año el diario CRHoy reveló que Gamboa fue uno de los magistrados que firmó la desestimación de la causa contra los diputados Víctor Morales Zapata y Otto Guevara por el aparente tráfico de influencias a favor del empresario importador de cemento Juan Carlos Bolaños.

Era la primera vez que su nombre aparecía en el escándalo, por lo que en ese momento los diputados decidieron no llamar a comparecer al magistrado.

Un día después, empero, una carta firmada por los diputados: Ronny Monge, Julio Mora, Sandra Pizsk y Maureen Clarke de Liberación Nacional; Patricia Mora del Frente Amplio y Ottón Solís del Partido Acción Ciudadana, solicitaba separar a Gamboa de su cargo para investigarlo.

Esa misma semana se dio a conocer el viaje a Panamá donde coincidieron el magistrado y Bolaños, algo que Gamboa calificó de coincidencia y que insistió se trataba de un viaje de placer suyo cuyo objetivo era el de comprar ropa de bebé.

Más tarde el mismo magistrado reconocería que sostuvo una relación extramarital en el país canalero, mientras que una comisión legislativa terminó de desnudar su relación de amistad con Bolaños.

La Corte Suprema de Justicia decidió entonces abrir una investigación contra Gamboa para determinar su papel en el caso del llamado cementazo.

A eso de las 11 p. m. de un movido 19 de octubre la Corte Plena, tras reunión extraordinaria, anunció la suspensión del magistrado por tres meses luego de conocerse que los tiquetes de avión de Gamboa y Bolaños fueron comprados con la misma tarjeta.

Paralelamente la Fiscalía abrió una causa penal contra el magistrado por los delitos de abuso de autoridad, tráfico de influencias, incumplimiento de deberes y cohecho.

El 25 de octubre Gamboa compareció por fin ante los diputados de la comisión legislativa encargada de investigar el caso del cemento chino.

De ahí se despidió entre negativas y contradicciones, pues insistió en defender su inocencia en el tema del cementazo y su escaso vínculo con Juan Carlos Bolaños.

El 18 de diciembre del año anterior, la comisión legislativa que investigaba el caso se despidió del plenario con un veredicto claro: la solicitud del despido de los principales involucrados en el caso, incluido Gamboa.

En enero de este año la Fiscalía finalmente acusaría penalmente al magistrado por el delito de tráfico de influencias.

Dos meses después, a inicios de marzo, los diputados de la Asamblea Legislativa acordaron en una votación pública e histórica levantarle la inmunidad.

La decisión, unánime, levantó el fuero de protección a Gamboa y les abrió la puerta a los legisladores para valorar ahora sí su destitución.

El magistrado, quien apeló esa decisión, se encontró con la negativa de la Corte Plena.

Una nueva comisión legislativa, nombrada para analizar la solicitud de la Corte de destituirlo, recomendó a inicios de este mes de abril a los diputados acatar dicha solicitud.

Una semana después, los legisladores votaron nuevamente de manera pública sobre su destitución, una decisión marcada por la polémica debido a los mensajes que los diputados Redondo y Guerrero hicieron públicos donde el magistrado les solicitaba ausentarse del Plenario con el fin de anular el quorum y postergar así la votación.

La votación, que finalmente desterró al magistrado del Poder Judicial, se acompañó también de las declaraciones de Gamboa donde justificaba sus acciones con el interés de obtener un supuesto empleo en una firma de seguridad de la multinacional Google.

Apenas un día después, la empresa negó cualquier vínculo con el ahora exmagistrado, así como un eventual interés u oferta.

Este martes, finalmente, la Fiscalía allanó la vivienda de Gamboa en Tres Ríos de La Unión, el último episodio del meteórico destierro de Celso Gamboa.