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El magistrado Celso Gamboa fue destituido por la Asamblea Legislativa, la tarde de este martes, en una votación en la que cada diputado dijo públicamente si estaba a favor o en contra de la medida.

De los 57 diputados solo llegaron 41, para un total de 39 votos a favor; dos se abstuvieron de votar y no hubo votos en contra.

Los diputados que se abstuvieron de votar fueron Otto Guevara del Movimiento Libertario  y Aracelli Segura de Liberación Nacional.

La votación se realizó posterior a una amplia discusión entre los diputados, quienes mostraron claras divisiones con respecto al procedimiento empleado, que recibió el aval el lunes pasado.

Un grupo de congresistas apuntó que la votación tuvo que realizarse de manera privada, en vista -indicó- de que hacerla públicamente "violentaría" los procedimientos legislativos.

Incluso hubo quienes señalaron que Gamboa podría acudir a las instancias del Contencioso Administrativo para elevar demandas contra el erario y el patrimonio de cada diputado, explicó el legislador Otto Guevara.

Otros legisladores -como Edgardo Araya- insistieron en que la votación no representa problema alguno y estaría revestida de "legalidad".

La discusión elevó su polémica cuando los diputados del PAC, Marco Vinicio Redondo y Marcela Guerrero, denunciaron en el plenario que Gamboa se puso en contacto con ellos para pedirles "que no se presente" (a la votación) o "se enferme", según expresaron ambos legisladores.

Con el primero la comunicación fue vía telefónica, reveló Redondo; con Guerrero fue por mensaje de texto, denunció ella.

A finales del mes pasado el magistrado suspendido exigió a los diputados en el plenario respetar sus derechos y “abstenerse de meterse en los procesos judiciales” que se siguen en su contra.

“No vengo a pedir clemencia ni indulgencia, vengo a exigir respeto por mis derechos fundamentales, a pedirles que respeten la democracia más robusta del área. No exijan a los tribunales de justicia, no se metan en los procesos judiciales”, aseguró.​

A Gamboa se le investiga por el delito de tráfico de influencias por supuestamente haber facilitado que se eliminara el nombre del alcalde de San José Johnny Araya en un expediente judicial en el que se le investigaba.

De la mano con ese señalamiento exigió un juicio donde pueda defenderse a él y su cargo.

“Le voy a demostrar a Emilia Navas (fiscala general) que ni Johnny Araya ni Celso Gamboa son traficantes de influencias. Voy a luchar porque las cosas que he sufrido yo, mi familia y la gente que me quiere, sean resarcidas en su debido momento”, adelantó.

Señalamiento en informe legislativo

Gamboa también fue señalado en un amplio informe elaborado por una comisión legislativa que investigó el caso del cemento chino.

En el caso de Gamboa los diputados solicitaron en aquel entonces su destitución inmediata e inhabilitación por 10 años de todo cargo público.

Esto por las investigaciones que se siguen en su contra por los delitos de incumplimiento de deberes, prevaricato, faltas al deber de probidad, tráfico de influencias, abuso de autoridad, cohecho y ocultamiento de prueba en favor de Juan Carlos Bolaños.

También se le señaló, entre otras, por la compra de un condominio en Jacó valorado en ₡130 millones sin que se tenga certeza de cómo consiguió ese dinero.

Adicionalmente, se consignó que Gamboa acompañó al empresario del cemento chino -hoy en prisión- en un viaje a Panamá, donde no solo habría viajado junto sino que se hospedó en el mismo hotel, apuntó la comisión legislativa en su momento.

Además dicha comisión solicitó que los hechos consignados dentro del informe sean considerados en las investigaciones de tipo penal y administrativas que existen contra el magistrado.