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La reforma fiscal que actualmente se discute en la Asamblea Legislativa tiene en pie de lucha a los sindicalistas, que amenazan con lanzarse a las calles si la discusión del proyecto sigue avanzando en el plenario.

La revelación de que la llamada Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas incluye dentro de su propuesta un impuesto de 15% a las pensiones voluntarias y complementarias, exacerbó aún más los ánimos de los sindicatos, que preparan huelgas generales para detener el proyecto.

“Debemos salir a las calles próximamente como nunca antes lo habíamos pensado”, aseguró la Asociación Nacional de Empleados Públicos en un comunicado enviado este viernes en horas de la mañana.

La propuesta del Gobierno busca gravar las pensiones de ambos regímenes, es decir, las 84.000 del voluntario y los 2.5 millones del complementario.

Aún no está claro si ese 15% se cobraría al total del monto de la pensión o bien a alguno de sus dos componentes: capital e intereses.

Adicional a esto el plan de ley pretende cobra un 4 % a las comisiones pagadas a operadoras de pensiones según la Ley de Protección al Trabajador.

Albino Vargas, presidente de la ANEP, insistió en que la clase trabajadora no es la responsable del déficit fiscal, por lo que no es con más impuestos que debería atacarse el problema.

El Ministerio de Hacienda, por su parte, aseguró que no emitirá ningún comentario al respecto hasta que el texto de la propuesta no sea definitivo.

Las pensiones ordinarias, como la del régimen de Invalidez, Pensión y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social, no están sujetas a este impuesto pues ya están gravadas con el impuesto de renta, siempre y cuando superen los ₡799.000.