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La alcaldesa de Santa Cruz, quien recibió en forma indebida unos 126 millones de colones durante cuatro años cuando se desempeñó como vicealcaldesa en el periodo anterior, sostiene que ella no se recetó ese pago.

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Pero sus manifestaciones tienen poca voluntad para devolver ese dinero pagado de más de las arcas municipales y del fondo de pensiones del Magisterio.

Telenoticias conversó con ella sobre los 84 millones de colones que recibió de ese pago –de 126 millones- sin cumplir los requesitos de ley, luego de que no quiso referirse en una ocasión anterior cuando se le abordó para tocar el tema de la pensión que también se pagó en forma irregular.

Propiamente con el pago de la prohibición manifestó que ella no fue quien se recetó el monto, sino que fue el alcalde anterior.

Sin embargo el alcalde anterior manifiesta que quien se encarga de hacer el análisis de los casos con respecto a este tema es recursos humanos. Pero la alcaldesa aduce que si tiene que devolver algo ella lo devuelve.

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Pero esa acción que pareciera ser voluntaria tiene una limitante, pues sostiene que lo hará hasta que un juez le indique que debe devolver la plata.

Esto aún cuando hay sobrada jurisprudencia y múltiples pronunciamientos de la Contraloría, que indican que ese pago de prohibición sin cumplir los requisitios es ilegal, como ocurrió en el caso de ella.

Además está vigente el artículo 20 del Código Municipal que indica que no se puede recibir pensión y salario simultáneamente como sucedió en el caso en la actual alcaldesa.

Cuando se le preguntó por qué no devuleve el dinero voluntariamente como un acto de transparencia y acorde con el deber de probidad, ella insistió en que lo hará hasta que un juez lo dicte.  

Hay que aclarar que la alcaldesa hasta hace unos meses  atrás se puso al día con el tema de la prohibición al cumplir con la  ley y se incorporó como profesional liberal.

Pero pareciera que no hay voluntad en devolver el dinero irregular que recibió anteriormente, pues incluso este asunto tiene mucho tiempo sin que se haya gestionado una acción legal para recuperar la plata del erario.

Más bien ha encontrado varias acciones de la alcaldesa para impugnar las resoluciones de los departamentos de la municipalidad y el concejo.

Incluso, la ultima acción del concejo  es destinar una partida de casi 8 millones de colones para contratar  un abogado que  presente un contencioso para obligar a la alcaldesa para que devuelva el dinero. El municipio corre para que no venzan los plazos este mes para hacer el reclamo. 

Así es que la municipalidad, adem dinero que son fondos publicos aa.ás de los millones que pagó adicionales,  tendrá que gastar más plata de los contribuyentes para recuperar ese dinero que son fondos publicos, porque la  alcaldesa no  pretende devolverlos  voluntariamente.