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Los productos elaborados por personas privadas de libertad fueron declarados de interés público, según un decreto firmado por el Presidente de la República, Luis Guillermo Solís.

La normativa tiene como objetivo que las empresas públicas y privadas se unan con el Sistema Penitenciario Nacional para desarrollar planes de producción en conjunto.

Además se busca que se den capacitaciones a los privados de libertad y así mismo generarles un ingreso económico.

“La seguridad se construye, indiscutiblemente, no solo por medio del encierro, en la mayoría de los casos es necesario generar oportunidades para la población penal y sus familias.

No podemos olvidar que miles de personas, incluidos niños y adolescentes, dependen de los productos que se fabrican dentro de los centros”, aseguró la Ministra de Justicia y Paz, Cecilia Sánchez.

Entre los beneficios que tendrán los reclusos que se unan a este tipo de trabajos se encuentran la facilitación de la reinserción social y reducciones en la pena.