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Gobierno nicaragüense negocia con ancianos movilizados pero sin ofrecer pensión

El gobierno de Nicaragua abrió este martes un diálogo con adultos mayores tras ocho días de protestas, reprimidas por la policía y seguidores del presidente Daniel Ortega...

AFP Agencia Hace 6/25/2013 5:51:00 PM

MANAGUA, 25 junio 2013 (AFP) - El gobierno de Nicaragua abrió este martes un diálogo con adultos mayores tras ocho días de protestas, reprimidas por la policía y seguidores del presidente Daniel Ortega, sin hacer una propuesta concreta a su principal reclamo de una pensión mínima de 133 dólares.

La portavoz de la Presidencia y primera dama, Rosario Murillo, anunció el comienzo de las pláticas y adelantó que las autoridades entregarán a los ancianos medios de apoyo como sillas de ruedas, bastones, anteojos, que "tienen toda la razón de demandar".

Pero en relación al "tema de fondo", el reclamo de una pensión reducida, "lo iremos viendo según avancen las conversaciones y según sea posible en cada momento", dijo Murillo.

"Aquí hay un gobierno que se propone trabajar para soluciones justas y definitivas (...) poco a poco. Quisiéramos haber resuelto todos los problemas, pero se hace lo que se puede. Aquí estamos buscando caminos y abriendo puertas", sostuvo la esposa de Ortega en su audición diaria a través de medios estatales.

Ante el inicio de las negociaciones con el gobierno, el líder del movimiento, Porfirio García, decidió desmontar la protesta, lo que provocó reacciones en contrario de algunos manifestantes, según los cuales las autoridades no han prometido ninguna medida concreta que ´de satisfacción a sus demandas.

García apareció el lunes inesperadamente en un acto convocado por sindicatos oficialistas para respaldar al gobierno en contra de los ancianos.

Algunos manifestantes se vieron sorprendidos este martes al llegar al punto de reunión habitual y encontrarse con que la movilización había sido desactivada.

"Nosotros no sabíamos que él (García) estaba platicando (con el gobierno), vine aquí y encontré a diez personas y ahora nos está llamando a reunirnos para explicar qué pasó", dijo a la AFP Carlos Siles, uno de los manifestantes.

"Hubo un cambio de 180 grados" de parte del gobierno, que el viernes acusaba a los ancianos de dejarse manipular y de "ladrones", dijo la activista de la Red de Mujeres Ana Quirós.

"Los grandes ganadores de esta protesta son los ancianos, porque obtuvieron que el gobierno restituya la ayuda de medios necesarios como sillas, bastones, medicinas, entre otros, que por razones políticas les había retirado, así como la solidaridad de la sociedad con su causa", añadió.

Los "abuelos", como les llama la población, son en su mayoría obreros con más de 250 cuotas pagadas al Seguro Social, pero menos de las 750 que establece la ley como necesarias para jubilarse.

Tras cinco años de reclamar ante el Instituto de Seguro Social, el parlamento y el gobierno una ley que les adjudique una pensión mínima, el 17 de junio los ancianos tomaron oficinas del seguro social en todo el país.

La protesta ganó la solidaridad de diferentes sectores luego que la policía bloqueara los locales y aislara a los ancianos dentro de ellos por tres días.

Organizaciones estudiantiles y de la sociedad civil en general respondieron llevando víveres, medicinas y acompañamiento a los manifestantes.

El incidente más grave ocurrió la madrugada del sábado, cuando grupos afectos al gobierno agredieron a los ancianos y a universitarios que se hallaban en un campamento improvisado. La iglesia y diversas asociaciones sociales y empresarios apoyaron a los movilizados.

El presidente del Instituto de Seguro Social (INSS), Roberto López, aseguró el viernes que esa entidad no tiene fondos para pagar una pensión mínima a los ancianos, que significaría una inversión de 95 millones de dólares.

López responsabilizó a los "gobiernos neoliberales" que se sucedieron en Nicaragua entre 1990 y 2007 de haber eliminado de la ley de seguridad social la pensión reducida otorgada por el primer gobierno de Ortega, en la década de 1980.

El gobierno, para llenar el vacío legal entrega un "bono solidario" de entre 50 a 70 dólares a unos 8.000 ancianos que están "en extrema pobreza", al igual que beneficios sociales financiados con fondos de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América (ALBA), reseñó López.