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En los últimos años se han dado varios casos que tienen elementos en común. Primero Crucitas, se declara de interés nacional y un tribunal de la República dice que no, e inclusive envía el caso al Ministerio Público por posibles responsabilidades penales.

Segundo, la concesión a OAS para la ampliación de la carretera a San Ramón, la indignación popular ante las grandes dudas que generaba este proyecto hizo que la presidenta diera marcha a otras a un proyecto que su gobierno defendió hasta el último minuto.

Ahora la refinería china. Los cuestionamientos legales, financieros y de oportunidad son contundentes, y tuvo que ser la Contraloría la que dijera hasta aquí.

Tres proyectos que juntos implican decenas de miles de millones de colones y cuyos perjuicios para el país han sido demostrados.
En estos casos, hay que reconocerlo, las instancias estatales funcionaron, en un caso los Tribunales de Justicia, en otro la Contraloría y en otro la justa indignación popular. Ese es un elemento en común de los tres casos.

El otro elemento en común es que no podemos, ni los ciudadanos, ni las instancias estatales, dar los casos por cerrados. Jamás. Se debe investigar hasta las últimas consecuencias las motivaciones que tuvieron desde presidentes hasta ministros, desde diputados hasta técnicos de alto nivel, para impulsar estos proyectos que nos habrían salido muy caro a todos y donde existen dudas de diversa índole.

No se puede parar, hay que investigar, hay que sentar las responsabilidades, para los que continuarán y que vengan no nos vuelvan a salir con decretos de interés público, ni con carreteras mágicas ni con más cuentos chinos.