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La compra de una de las fincas que hizo Antonio Álvarez Desanti infringiría la ley panameña que protege la zona indígena.

El terreno comprende 180 hectáreas. Es una de las cuatro fincas que el político costarricense adquirió en la zona indígena Ngöbe-Buglé de Panamá.

Esta compra iría en contra de la Ley 10 de 1997 de Panamá, la cual protege este importante humedal.

El artículo 10 permite la venta de terrenos siempre y cuando se ofrezca primero a los indígenas, si ellos no aceptan, pueden ser vendidos por terceros.

El jefe de campaña liberacionista defendió ese procedimiento, pese a que estuvo en manos de la abogada panameña Elvisilda Martínez.

La prioridad a los indígenas se dio, pero lo que no se dijo es la segunda parte de ese artículo, el cual restringe los precios de venta de las tierras. En el artículo 10 de la ley se lee:

"(...) El oferente estará facultado para vender a terceros, pero a un precio no inferior ofrecido a la comarca."
Esto contrasta el testimonio recabado por el diario La Prensa de Panamá, el cual indica que Feliciano Baker Valdez, quien vendió la finca a Martínez y que luego paso a manos de Alvarez Desanti, pidió más dinero a los indígenas.

La transacción fue por $60 mil, pero el diario indica que el terreno fue ofrecido a los indígenas a 65 mil dólares. Es decir a precio más alto, contrario a lo que dicta la ley.

Álvarez Desanti compró por medio de su sociedad desarrollo Ecoturístico Cañaveral otra finca de 18 hectáreas a Baker. Esta habría costado unos $12 mil.

Consultado sobre los precios de compra, el liberacionista no los reveló porque firmó una cláusula de confidencialidad con la abogada sobre el monto de la transacción.

A esto se le suma la advertencia de ambientalistas, que aseguran que construir en las tierras indígenas afectaría a especies en peligro de extinción.