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El gobierno de la República manifestó este martes que las acciones judiciales emprendidas por un grupo de ciudadanos con respecto a la anulación del contrato de concesión para la ruta a San Ramón, retrasarán la solución para esa importante carretera.

Un grupo de vecinos ramonenses solicitó una serie de medidas cautelares para impedir que se alcance un acuerdo con la concesionaria por la anulación del contrato.

“El país debe estar consciente de que no será posible -mientras no se resuelvan los recursos- construir la nueva carretera pues el contrato seguirá vigente, aunque suspendido”, comentó Gallardo.

Además, los vecinos estarían analizando la posibilidad de emprender medidas contra la anulación del contrato de cesión, que se había presentado entre Autopistas del Valle y OAS.

El ministro dijo que anular el contrato de cesión, no acabaría con el contrato, sino que se revertiría la titularidad a Autopistas del Valle.

Según Gallardo, semanas atrás, Autopistas del Valle había indicado en una carta, su interés de cobrar el lucro cesante por la anulación de la obra, el cual habrían estimado en $502 millones.

El ministro de Planificación, explicó que el lucro cesante es la proyección que la empresa hace sobre lo que podía ganar a futuro con la concesión.

Mediante un comunicado, el gobierno reiteró su compromiso de dedicar el tiempo necesario para la solución definitiva a la vía San José – San Ramón.