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Tres mil trabajadores interinos que obtuvieron una plaza en propiedad en el Gobierno central temen ser despedidos en los próximos días.

Un decreto ejecutivo de diciembre de 2010, nombró en propiedad a más de mil trabajadores interinos en distintos puestos del gobierno central.

Pero ante una acción interpuesta por cuatro ciudadanos que buscaban una plaza como médicos veterinarios y se sintieron afectados, la Sala Constitucional declaró este decreto inconstitucional.

Trabajadores interinos convocados por la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados se manifestaron en las afueras de la Corte Suprema de Justicia para exigir una explicación al fallo de la Sala Constitucional.

Ellos aseguran que cumplen con los requisitos que exige la ley y pedirán que se respeten los derechos adquiridos "de buena fe".

La incertidumbre se hizo presente, ya que no saben qué pasará con sus empleos y hay otros que esperan desde hace más de 15 años una plaza en propiedad.

Los trabajadores esperarán una respuesta por parte de las autoridades.