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Una publicación del Diario La Prensa de Panamá señala al político Antonio Álvarez Desanti como parte de una cadena de aparentes compras dudosas de territorios indígenas.

Se trata de más de dos mil hectáreas protegidas, donde habitan indígenas de la comarca Ngäbe Buglé y es el quinto humedal en importancia internacional de Panamá.

El jefe de campaña libreracionista adquirió 685 de esas hectáreas por medio de la sociedad "Desarrollo Ecoturístico Cañaveral" para construir un complejo turístico.

En la sociedad él figura como presidente, su esposa Nuria Marín como tesorera y su socio Alonso Arroyo Quesada como secretario, tal y como se muestra en esta constancia del Registro Público de Panamá.

Álvarez Desanti compró las tierras por medio de su socio un abogado de apellido Arroyo Quesada, quien fue el intermediario y que falleció hace nueve días.

Arroyo se puso en contacto con otros abogados, entre ellos Evisilda Martínez, de nacionalidad panameña, quien es investigada por la autoridad de transparencia de Bocas del Toro, en Panamá.

Martínez compró cada metro cuadrado de tierra a tres centavos, quedó a su nombre y luego los traspasó a la sociedad que preside Álvarez Desanti por una cantidad grande dinero que el mismo costarricense se niega a revelar por una cláusula de confidencialidad. Pero si reconoce que pagó varios millones por ella.

La investigación panameña radica en que se realizó una cadena de compras aparentemente irregulares.

Según una declaración de un indígena de la zona al diario panameño, ellos fueron engañados para que estos abogados obtuvieran las tierras.

El proyecto lo levantará la familia del liberacionista junto a otros socios, y proyecta que para el próximo año empiece la construcción. Tal y como se promociona en el sitio web de la Corporación Álvarez Marín.

La inversión es de $40 millones, que tuvo su origen hace ya cuatro años. No obstante, la adquisición legal de las cuatro fincas por parte de Desanti es otro punto de duda según autoridades del vecino país.

Las tierras pasaron a manos de Álvarez Desanti en marzo de 2010, gracias a un fallo de un juez mediante el procedimiento legal llamado prescripción adquisitiva.

Sin embargo, la sociedad inició desde el 2009 con la negociación con la abogada Martínez para adquirirlas, indicó el socio fallecido de Álvarez al Diario La Prensa.

Pero Álvarez Desanti lo niega, y asegura que fue mucho después. En un Proceso Judicial "relámpago”, que duró menos de medio año, para que indígenas accedieran a dar sus tierras y venderlas a precios muy bajos.

El expediente de este caso, donde no figura Álvarez Desanti está en el Juzgado Primero Penal de Panamá, ahora serán las autoridades las que deben definir si existe algún delito.