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Año con año los regímenes de pensiones disponen de unos mil millones de dólares. Lo malo es que ese dinero no se puede utilizar en obra pública por falta de un proyecto en que invertir.

La pelea en torno a la carretera a San Ramón puso el tema al rojo vivo. El rechazo a pagar peajes altos fue lo más vistoso, y quizá lo que unió a diversas poblaciones.

Pero la consigna generalizada era otra: "Carretera sí, concesión no", es decir, un rechazo a entregar la obra y su posterior operación a una compañía privada, para más señas, una compañía extranjera.

Danilo Cubero, diputado libertario, presentó entonces un proyecto ley para sacar de las ganancias del Instituto Nacional de Seguros la suma de 300 millones de dólares para financiar la obra.

Casi de manera inmediata el presidente ejecutivo del INS, Guillermo Constenla, presentó otro proyecto no para ofrecer 300 millones a cambio de nada, sino o para constituir un fideicomiso donde el INS pudiera participar con la mitad, 150 millones, a cambio, por supuesto de una utilidad razonable.

La polémica concesión de la carretera, nos abrió los ojos ante un tesoro que los costarricenses tenemos, aunque está tan mal repartido.

Se calcula que el país necesitará 52 mil millones de dólares para su obra pública en las próximas dos décadas, de los cuales hay conseguido por medio de préstamos unos 3.000.

Faltarían 49 mil millones, y nadie sabe de dónde saldrán. Muchos opinan que el país está llegando ya a una situación crítica y que la posibilidad de créditos internacionales se agota.

Es entonces cuando toma fuerza la idea de recurrir a los fondos internos. Y entre ellos, el INS y el sistema de pensiones son los primeros, principalmente porque necesitan hacer inversiones seguras a largo plazo.

En su conjunto el sistema de pensiones y similares tiene reservas que suman unos 13.000 millones de dólares, con un ingreso anual de entre 500 y mil millones.

Las cuentas el INS son un secreto, pero se presidente ejecutivo ha dicho que podrían dedicar a este tipo de inversiones unos 700 millones de dólares anuales.

Quedan aún los superávits de los bancos, llamados patrimonio ajustado, que suman 1.600 millones de dólares, pero que ya están utilizados en los créditos que ellos brindan.

Si usáramos todo eso, sumaríamos 3.300 millones de dólares.

Pero invertir ese dinero no es fácil. La primera razón es que el país no cuenta con proyectos que puedan ser sometidos a peaje, y que den rentabilidad adecuada, excepto en dos casos: San Ramón y Cartago, pero con gran oposición de los vecinos.

El tercero que podría dar rentabilidad es la radial a Heredia, por donde circulan unos 40.000 vehículos por día, pero también el costo social de los peajes es muy alto.

Y sin peajes no hay negocio.

El gobierno tiene contratados y aprobados créditos por 1.700 millones, incluidos los 400 prometidos por el presidente chino en su reciente visita.

Ellos le permitirán realizar una gran cantidad de obras urgentes, las cuales son muy difíciles de explotar comercialmente vía peaje, como por ejemplo la circunvalación norte y sur.

Queda por financiar la etapa 2018-2035 que costará 35 mil millones de dólares.

También allí muchos dudan que los peajes altos sean viables.

Queda entonces una sola vía: que los ahorros y superávits sirvan para financiar al gobierno para que este realice las obras con fondos propios y no con préstamos internacional y a cargo, además, de las finanzas públicas.