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La adjudicación de la lotería electrónica a la empresa G-Tech fue la razón de una protesta de vendedores de lotería este lunes.

Los manifestantes se quejan de que el sistema reduce su comisión de 12% a 6% y pone en riesgo sus pensiones.

Los vendedores ciegos alegan además que la nueva lotería no tiene un programa de voz que les permita venderla.

Por su parte, la junta afirma que no se trata de privatización sino de un contrato para el suministro y el mantenimiento de las máquinas.

Indican, además, que no habrá afectación para los vendedores no videntes. Mientras tanto, la Sala Constitucional está estudiando un recurso de amparo interpuesto por los vendedores.