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Un chino condenado a muerte en tres ocasiones y que pasó 11 años en la cárcel antes de ser absuelto recibió una indemnización de 1,27 millones de yuanes (178.000 euros, 196.000 dólares), anunciaron este martes los medios chinos.

Zeng Aiyun, diplomado de la Universidad de Xiangtan, en la provincia de Hunan (centro), fue condenado a la pena capital en 2004 por el asesinato de un compañero de clase.

Desde entonces, el veredicto fue anulado en tres ocasiones y se ordenaron nuevos juicios, pero en dos de ellos, celebrados en 2005 y 2010, Zeng fue nuevamente condenado a muerte.

La Corte Popular Intermedia de Xiangtan lo absolvió finalmente por falta de pruebas en un cuarto juicio celebrado en julio pasado.

Y el lunes le concedió una indemnización de 1,27 millones de yuanes, anunció la agencia de prensa oficial Xinhua.

El tribunal concluyó, por otra parte, que otro estudiante era el único asesino. Chen Huazhang, que ya había sido condenado a muerte por complicidad, envenenó a la víctima por celos y puso a la policía detrás de una falsa pista para implicar a Zeng, precisó Xinhua.

Zeng Aiyun anunció que no se contentará con la indemnización y pedirá más, publicó este martes el Beijing Times.

El caso es emblemático en cuanto al riesgo de errores judiciales en China, donde las confesiones forzadas son moneda corriente y las absoluciones escasísimas.

Las ejecuciones de inocentes no son excepcionales.

A finales de 2014, un tribunal de la región de Mongolia interior (norte) pronunció la absolución post-mortem de un adolescente ejecutado por error 18 años antes tras haber "confesado" la violación y el asesinato de una obrera.

Se le declaró inocente nueve años después de que otro hombre confesara ser el autor del asesinato en 2005.

El uso de la fuerza para obtener confesiones sigue estando muy extendido en China a pesar de que las autoridades se comprometen regularmente a ponerle fin.

Pero las absoluciones ante la justicia, que está sometida al control del Partido Comunista Chino (PCC), son más que excepcionales puesto que, según datos oficiales, los acusados son considerados culpables en el 99,94% de los casos.