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El gobierno anterior solicitó un préstamo al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por $132 millones y se comprometió a poner $55 millones como contrapartida para  dedicarlos a la prevención de la violencia y la inclusión social. Al tipo de cambio actual son más de 100 mil millones de colones.

El proyecto lo dividieron en tres partes: construir 7 centros cívicos para atraer y atender a jóvenes en riesgo social, construir 11 delegaciones policiales y también 2 cárceles llamadas unidades productivas.

El despegue o inicio del programa ambicioso serían los centros cívicos por la paz que, como dijimos, el objetivo esbozado en el préstamo es atender allí a jóvenes de 0 a 18 años que estén en riesgo social; aquellos que hayan abandonado la educación, y darles una oferta basada en las artes la cultura y el deporte.

Y para este fin intervendrán varias instituciones como el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Cultura,  la Red de Cuido, el Icoder y la municipalidad local.

Sin embargo, el inicio del ambicioso programa con los centros cívicos ha sido atropellado y confuso.

El primero que se construyó es está en Jacó, se entregó definitivamente hace un año y tres meses con una inversión de $3,5 millones  ó 1.667 millones de colones. 

Fue inaugurado cinco días antes de que Laura  Chinchilla entregara su banda presidencial a Luis Guillermo Solís.

Pero resulta que se inauguró sin estar completamente terminado, pues incluso no había electricidad en el inmueble y el recibo final  de la obra se dio  a inicios de julio del 2014; o sea, corrieron para inaugurarlo aunque no estuviera terminado ni claro el panorama de su operación.

Sin embargo, este centro con esta  edificación costosa no está cumpliendo con la idea original del programa. Se ha convertido en un salón  comunal muy amplio y cómodo, pero los jóvenes en riesgo social no están ni identificados ni mucho menos matriculados en el centro cívico; además, no existe un modelo de gestión y atención aprobado definitivamente.

Aquí hay una biblioteca, un auditorio, aulas para dar distintos cursos de pintura, música, talleres de cerámica y otros.  

Una cocina equipada para dar cursos del INA que, por cierto, cuando la visitamos estaba desocupada, porque -según dicen- ya había terminado un curso en el que participan alumnos de hotelería del INA. También una casa de justicia para resolver conflictos, y un centro de cómputo, pero hasta el momento después de más de un año de abierto los grandes ausentes han sido los jóvenes en riesgo de la zona.

Incluso equiparon la cocina y aulas para que el INA diera sus cursos aquí, funciones que ya de por sí son propias de la institución, pero no se nos indicó de qué forma estaban beneficiando los jóvenes en riesgo.

También aquí funcionará un centro de la Red de Cuido, pero lo más llamativo es que después de año y seis meses de inaugurado estas instalaciones costosas con inodoros automáticos con sensores y otros beneficios están desocupadas.

Además, el centro de cómputo que se instaló aquí cuenta con las computadoras, las cuales estuvieron casi un año guardadas en cajas. Cuando visitamos el lugar ya estaban instaladas pero no se pueden utilizar   porque no cuentan con un programa.

Este centro cívico de Garabito es administrado por el momento por la municipalidad, pero no existe un modelo de gestión; o sea, no está claro cómo va a operar el centro o se va administrar y qué tipo de participación tendrán la distintas instituciones que participarán en la prevención del delito.

Tampoco se tiene un modelo de atención sobre cómo van a atraer a este centro a los jovenes en riesgo. Por ahora, aquí dan  talleres de pintura, música y cursos de cocina para estudiantes del INA y se utiliza el auditorio para diferentes actividades, pero aún no se tiene definido ni aprobada la estrategia de atención a menores en riesgo. Lo que existen son ideas generales, pero nada aterrizado y aprobado en el papel de cómo se van a atender el objetivo principal del programa.

Incluso, el auditorio fue utilizado para un reinado de belleza, el cual fue aprobado por la municipalidad. Esto aleja las instalaciones tan modernas y caras del objetivo original.

Lo que llama la atención es que este proyecto  de prevención de la violencia y los centros cívicos ha sido adoptado por la actual administración, pero si bien desde febrero del 2014 se pagaron muchos miles de dólares en consultorías para definir  el modelo de gestión y de atención de los centros cívicos, aún no hay nada aprobado definitivamente.