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El desorden y caos en la administración de Judesur no es ajeno para Gerardo Abarca. Este golfiteño trabajó por un tiempo en la institución, y fue suficiente para que tras su salida empezara a investigar las decisiones de los jerarcas.

Actualmente solo tiene trabajos ocasionales en el Depósito Libre, así que su tiempo lo invierte indagando lo que pasa en las entrañas de Judesur.

Conociendo esto, Casa Presidencial lo contactó. El mismo Abarca lo cuenta. Afirma que le pidieron ayuda para ponerlos al tanto de lo que él sabía sobre la institución.

Pero también fue el medio para atacar a la vieja Junta.

A él le enviaron un recurso de amparo “ya hecho”. Ese recurso, afirma Guerrero, iba dirigido a tratar de sacar a la junta de Judesur definida por ley. Una junta de nueve miembros con representantes de las municipalidades de la zona sur.

La acción alegaba que la junta legal no cumplía con la equidad de género, por eso debía cambiarse. El tiempo que se tomó la Sala para fallar ese recurso hizo que el Gobierno optara por otra vía: realizar la intervención y sustituir a los miembros de Judesur.

Situación que algunas voces califican de ilegal. Meses atrás, el diputado Gerardo Vargas lo advirtió. La intervención no se fundamentó en el artículo 98 de Ley General de Administración Pública. El cuál es el respaldo para intervenir instituciones autónomas.

Recientemente, el diputado Vargas denunció ante el Ministerio Público al presidente Luis Guillermo Solís, a los ministros Sergio Alfaro, Helio Fallas y Olga Marta Sánchez. También al exministro Melvin Jimenez.

Todos ellos estamparon su firma en los decretos para intervenir Judesur. La legalidad de esta intervención está bajo investigación.