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Un nuevo proyecto de ley sancionara con cárcel a las personas que cobren la pensión de personas fallecidas.

El Gobierno fue incapaz de detener los pagos de pensión a fallecidos como lo denunció el presidente, Luis Guillermo Solís, en su informe de los 100 días.

Más de 2.000 personas muertas recibieron 1.000 millones de colones durante tres años, pero la luz para recuperar ese dinero y detener nuevos pagos podría tener un nuevo proyecto de ley creado por la diputada Sandra Piszk.

Pero no solo se realizaría el proceso más rápido de notificación y fallecimiento, también el proyecto señala que se penará con cárcel a familiares o personas que cobren esos dineros.