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La junta interventora de Judesur tiene cuestionamientos por repartir becas, omitir procedimientos legales para nombrar funcionarios y avalar ventas en el Depósito Libre de Golfito sin tener una concesión.

La sombra del desorden y malos manejos siguen presentes sobre la Junta de Desarrollo Regional de la Zona sur, conocida como Judesur.

La junta interventora, escogida a dedo por el gobierno de Luis Guillermo Solís para borrar la huella de actos de mala administración y corrupción del pasado, sin embargo, aún enfrenta prácticamente denuncias similares.

Una de las primeras decisiones que tomó la junta, pocos días después de haber asumido en octubre de 2014, fue pedir 150 formularios para becas. Esta acta da fe de que los cinco miembros las solicitaron. 

Son becas que otorga Judesur para jóvenes y adultos de pocos recursos sin posibilidad de estudiar. La documentación y trámite son exclusivos del departamento de becas con aval del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y no de los directivos.

Telenoticias viajó hasta Agua Buena en Coto Brus para conversar con Mary Mora, beneficiada con una beca. Ella la obtuvo este año, no por el procedimiento normal, sino porque uno de los miembros de la junta interventora; Luis Ricardo Solís Porras le dio un formulario.

En Golfito Telenoticias trató de hablar con los miembros de la junta interventora. 

En un primer momento no atendieron por estar fuera de la oficina en una gira, pero una llamada de la oficina de prensa de Casa Presidencial en Zapote confirmó una entrevista con Manuel Herrera, presidente de la junta, y Carlos Murillo director ejecutivo de Judesur para el día siguiente.

Un día después, sólo el director ejecutivo atendió la entrevista. Carlos Murillo confirmó la solicitud de 150 formularios de becas y justificó la acción.

Murillo respalda a la junta, pese a que en uno de los primeros informes de la intervención ellos mismos denunciaron supuestos desordenes con dinero de becas de las juntas de Judesur de gobiernos pasados.

En los 11 meses, la junta interventora trató de reavivar el Depósito Libre de Golfito pero omitió procesos de concesión de quioscos para hacerlo. 

En otra acta, el director ejecutivo pidió avalar la instalación de una móvil de Pizza Hut y dos quioscos de comidas para beneficio del asilo de ancianos de Golfito.

El reglamento de organización y servicio de Judesur dice que cualquier puesto de ventas debe sacarse a concurso público para poder establecerse en el depósito. La junta interventora se saltó esta etapa y le bastó un acuerdo para avalar el ingreso.

Pero en el acta, Murillo justificó el aval a Pizza Hut de otra manera: "pegó muy bien la propuesta que han venido haciendo porque vi la posibilidad de ayudarles al local número 46, este local viene arrastrando pérdidas desde que se quemaron los locales que están frente al Banco Nacional."

Según Murillo, la instalación de la móvil de Pizza Hut quedó sin efecto una semana después del acuerdo porque un criterio legal señalo el error. Sin embargo, los otros dos quioscos siguen abiertos en el depósito. La junta autorizó extensión del acuerdo durante todo este año 2015.

El pago de las dietas de la junta interventora los tiene en otro lío y cuestionamiento. Los miembros pidieron que se les pagara con fondos de Judesur pero la asesoría legal de la institución emitió un informe donde decía que era improcedente.

Por tratarse de una intervención, el dinero tenía que salir del poder ejecutivo. Aun así y con ese criterio en contra la junta interventora ordenó al área financiera pagarles el dinero de arcas de Judesur.

Según el director ejecutivo, se le paga por mes en dietas a cada miembro, 156 mil colones, es decir, en estos 11 meses Judesur y no el ejecutivo le pagó a Manuel Herrera Mutis, Ricardo Solís, Yendry Acevedo, Vielka Rojas y Luis Ángel Achio, más de 8 millones y medio de colones.