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El Gobierno sigue pagando pensiones a los muertos. El monto sobrepasa los 1.000 millones de colones y es prácticamente imposible de recuperar.

En los últimos tres años se giraron más de 1.041 millones de colones entre 2.377 fallecidos. Es de decir, este Gobierno no pudo detener los pagos, pese al aviso que hizo un enérgico Luis Guillermo Solís en el informe de los 100 días.

El escenario, es poco alentador, para el Ministerio de Trabajo. Dos engorrosos procesos lo frena para solucionar el problema.

Primero: recuperar el dinero es tarea complicada porque las sumas las giran a los bancos y no los pueden tener de vuelta hasta llevar procesos judiciales que tardan meses.

Y segundo: tampoco a este momento existe un mecanismo para saber, casi de inmediato, cuando una persona fallece y así detenerse el pago de la pensión.

Actualmente pasan entre dos o tres meses para que se notifique el deceso. Un proceso lento, que contrasta con la cantidad de fallecidos al mes que se agregan a la lista.

Si recuperar esas pensiones es un dolor de cabeza, un caso perdido es encontrar la flotilla vehicular desaparecida de Casa Presidencial.

Un informe de la auditoria no los ubicó. En la lista había vehículos que formaron parte de la flota del Ministerio de la Presidencia por décadas. Un año después, la búsqueda acabó.

Casa Presidencial tampoco puede responder qué pasó con ellos. De hecho no tienen a los responsables de perderle el rastro a los vehículos. Ya no trabajan para el Gobierno y quedan exentos de una sanción administrativa.

Por eso, Zapote entregó la investigación en manos del Ministerio Público. La fiscalía anticorrupción abrió una causa, que se desestimó en mayo de este año.

Y junto a este caso, el Ministerio Público también indagó si hubo un delito con la casa de la playa del Incop, el pago de horas extra a funcionarios del MEP y un desorden en jefaturas de Fuerza y Luz, que aparentemente no tenían subalternos.

Todas se desestimaron. Fueron directo al archivo.